La propuesta de Estados Unidos de establecer criterios para asignar la ayuda de cinco mil millones de dólares para países subdesarrollados viola los derechos humanos, afirmó, Ashfaq Khalfan, director del Centro para la Legislación del Desarrollo Sustentable Internacional (CISDL por sus siglas en inglés).

Los criterios que plantea el gobierno norteamericano para este programa son unilaterales y responden a los intereses del gobierno estadounidense. "Por ejemplo, Pakistán cumple con los requisitos del gobierno norteamericano, cuando es un país evidentemente poco democrático", dijo.

En el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Khalfan estableció que el respeto a la Convención Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU, firmada por casi 150 países, obliga a los Estados a asegurar las necesidades mínimas de la población.

La relación entre derechos humanos y el desarrollo fue uno de los temas planteados en uno de los eventos alternos en la Conferencia en Monterrey, donde los participantes coincidieron en que las convenciones internacionales en vigor son suficientes para garantizar el respeto a las necesidades básicas de la población mundial.

El derecho al desarrollo es parte de los derechos humanos, argumentaron en el panel en el que también participaban Bacre Ndiaye, director de la oficina de Nueva York de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Stephen Browne, asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

John Denison, funcionario de la Secretaría de Estado, se refirió al Consenso de Monterrey como "el documento que nosotros aprobamos", y argumentó que la asistencia a los países más pobres puede usarse para presionar por que se respeten los derechos humanos en los países.

Sin embargo Khalfan contestó que "el derecho al desarrollo es un derecho básico" que no se puede despreciar. Manifestó que es incorrecto que EU corte la ayuda al desarrollo como medida de presión, ya que es posible canalizar la ayuda "en casos de excepción" mediante organizaciones no gubernamentales y no mediante los Estados.